SALT LAKE CITY — El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah (DHHS) ha recibido la aprovación federal para imponer una moratoria temporal a las inscripciones de proveedores de servicios de rehabilitación para trastornos por consumo de sustancias (SUD) y de salud mental en el programa de Medicaid de Utah. Esta medida temporal, ejecutada en cercana coordinación con la Unidad de Control de Fraudes en Medicaid (MFCU) de la Fiscalía General de Utah, forma parte de un esfuerzo estatal continuo para proteger los recursos de los contribuyentes y mantener los más altos estándares de confianza pública.
La moratoria se aplica únicamente a las nuevas inscripciones, incluyendo inscripciones que estan en proceso. Los beneficiarios de Medicaid que actualmente reciben tratamiento por trastornos por consumo de sustancias no sufrirán interrupciones en su atención, y los proveedores que cumplen con los requisitos y ya forman parte de la red continuarán operando con normalidad. Medicaid de Utah coordinará con las organizaciones de atención administrada y las autoridades locales de salud mental para supervisar la adaptación de la red durante toda la pausa.
“Los contribuyentes confían en que administraremos los fondos de Medicaid con una supervisión rigurosa e integridad”, afirmó Julie Ewing, directora estatal de Medicaid. “Estamos adoptando una postura firme contra el fraude, el despilfarro y el abuso para garantizar que cada dólar se utilice adecuadamente para atender a quienes lo necesitan”.
El riesgo creciente impulsó la toma de medidas
El 1 de mayo de 2026, Utah ejerció su autoridad federal en virtud del artículo 42 CFR §455.450(e) para elevar a todos los proveedores de trastornos por consumo de sustancias (SUD) y de análisis conductual aplicado (ABA) a la categoría de “alto riesgo”, basándose en esas tendencias de fraude a nivel nacional. Los nuevos y existentes proveedores de servicios para trastornos por consumo de sustancias (SUD) pronto se someterán a un proceso de evaluación en varias fases que incluye verificaciones obligatorias de antecedentes penales mediante huellas dactilares para todos los propietarios y operadores con una participación del 5 % o más, así como visitas sin previo aviso a las instalaciones.
Fortalecimiento de la aplicación de la ley entre múltiples organismos
La suspensión temporal de nuevas inscripciones permitirá a Medicaid de Utah, a la Oficina del Inspector General de Utah (UOIG) y a la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid (MFCU) de la Fiscalía General aunar recursos y centrarse directamente en la revalidación y auditoría rigurosas de las entidades facturadoras actuales.
“Nuestra oficina está totalmente coordinada con el DHHS y nuestros socios federales para erradicar a los malhechores que ven a Medicaid como una fuente de ingresos en lugar de un servicio público”, afirmó Kaye Lynn Wootton, directora de la División de Fraude en Medicaid y Abuso de Pacientes de la Fiscalía General de Utah. “Al implementar esta moratoria junto con el DHHS, podemos congelar de manera efectiva el panorama, investigar actividades sospechosas y emprender enérgicamente acciones civiles o penales de recuperación contra cualquier persona que se aproveche de los programas de salud conductual”.
Alineación nacional
Esta moratoria se alinea con una iniciativa a nivel nacional de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para fortalecer la integridad del programa de Medicaid. Utah presentó recientemente ante los CMS su “Estrategia de revalidación de proveedores de dos años” —un plan integral para examinar y verificar a 4,644 proveedores con alto riesgo de facturación en todo el estado antes del 5 de junio de 2028.
La moratoria permanecerá vigente por un periodo inicial de seis meses mientras las agencias estatales completan las revisiones de cumplimiento y las evaluaciones de riesgo de los proveedores existentes.
Para denunciar presuntos casos de fraude, despilfarro o abuso en Medicaid, comuníquese con la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid de Utah en [email protected] o al (801) 281-1259.